Durante su campaña electoral, el nuevo presidente Trump prometió deportar a los indocumentados que se encontraran viviendo en Estados Unidos de forma ilegal.
En un primer momento se hablaba de que serían aproximadamente 11 millones de personas las afectadas por esta medida. Actualmente y tras los dos decretos presentados por Trump, se estima de que la cifra será entre 2 y 3 millones de personas.
La pregunta ahora es, ¿de dónde se han sacado esa cifra y quienes son esos 3 millones de personas afectadas?
En los dos decretos presidenciales firmados hasta el momento en materia de inmigración, se ordena la expulsión del país a los indocumentados sospechosos de haber cometido algún delito antes de haber sido juzgados por ellos.
La prioridad en las deportaciones se establece a aquellas personas que han sido condenadas o acusadas por una ofensa criminal, aunque la acusación no haya sido resuelta hasta el momento, aquellas que han cometido actos que constituyen "una ofensa criminal punible", han cometido fraude o empleado una identidad falsa, han abusado de los programas de ayudas públicas, han recibido una orden de deportación o que "a juicio de un agente de inmigración" supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional.
Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuantas son las personas indocumentadas que cuentan con antecedentes criminales, desde muchos colectivos se duda de que el número sea tan elevado como indica el presidente.
En un primer momento se hablaba de que serían aproximadamente 11 millones de personas las afectadas por esta medida. Actualmente y tras los dos decretos presentados por Trump, se estima de que la cifra será entre 2 y 3 millones de personas.
La pregunta ahora es, ¿de dónde se han sacado esa cifra y quienes son esos 3 millones de personas afectadas?
En los dos decretos presidenciales firmados hasta el momento en materia de inmigración, se ordena la expulsión del país a los indocumentados sospechosos de haber cometido algún delito antes de haber sido juzgados por ellos.
La prioridad en las deportaciones se establece a aquellas personas que han sido condenadas o acusadas por una ofensa criminal, aunque la acusación no haya sido resuelta hasta el momento, aquellas que han cometido actos que constituyen "una ofensa criminal punible", han cometido fraude o empleado una identidad falsa, han abusado de los programas de ayudas públicas, han recibido una orden de deportación o que "a juicio de un agente de inmigración" supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional.
Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuantas son las personas indocumentadas que cuentan con antecedentes criminales, desde muchos colectivos se duda de que el número sea tan elevado como indica el presidente.